Interceptaciones, ¿fundamentadas?

Este lunes 19 de agosto la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia se constituirá en la Dirección de Inteligencia del Ejercito (DINE), para indagar mas respecto de las escuchas telefónicas efectuadas tanto a miembros de esa Institución, como al periodista Mauricio Weibel en las ya famosas operaciones Topógrafo y W.

Al respecto, tanto autoridades del Ejército como el Ministro de Defensa han insistido en lo apegado a derecho del procedimiento, aludiendo a la autorización por parte de los correspondientes Ministros de Corte de Apelaciones, tal cual lo contempla la Ley 19974. Parece insustancial buscar vicios e ilegalidad en dicho proceso de autorización, al que por cierto se aferran unas y otras autoridades para reclamar la legalidad de las interceptaciones. Y por lo visto tienen razón.

También la tiene el General Paiva, director de Inteligencia del Ejército, cuando señala que todos en Chile, independiente de nuestra profesión, estamos propensos a ser investigados con este tipo de procedimiento, considerando que a la ley 19974 estamos todos sujetos “al amparo de la seguridad nacional, la inteligencia y la contrainteligencia”, lo que se vuelve más evidente si alguien está involucrado en actividades que favorecen a servicios de inteligencia extranjeros, el terrorismo, narcotráfico o crimen organizado.

Recordemos que el artículo 2° de la referida ley entiende la inteligencia como “el proceso sistemático de recolección, evaluación y análisis de información, cuya finalidad es producir conocimiento útil para la toma de decisiones”, mientras que a la contrainteligencia como la actividad “cuya finalidad es detectar, localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros Estados o por personas, organizaciones o grupos extranjeros, o por sus agentes locales, dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional”.

Por su parte el artículo 20 señala que tanto la inteligencia como la contrainteligencia militar tienen por fin “detectar, neutralizar y contrarrestar, dentro y fuera del país, las actividades que puedan afectar la defensa nacional”. El artículo 23, en tanto, señala que los procedimientos especiales de obtención de información (PEOI) estarán limitados a las “actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”.

Son estas últimas las únicas razones por las cuales la Ley 19974 justifica las medidas intrusivas utilizadas en las operaciones mencionadas, por lo que el análisis de los casos W y Topógrafo no debe concentrarse únicamente en si se siguieron las formalidades para lograr las autorizaciones respectivas, sino que también en los fundamentos de las solicitudes de interceptación. Son dichos argumentos la clave de este asunto, ya que los ministros también pueden equivocarse, ser inducidos al error o, lisa y llanamente, ser engañados.

Al respecto e independiente de los resultados de las investigaciones de la comisión parlamentaria o del propio Ministerio de Defensa, es necesario mencionar que ni la fuga de información ni tampoco la sedición, pueden atribuirse exclusivamente a las acciones de los grupos indicados en la Ley 19974; tampoco la filtración de información. Es más, no es cierto que todo incidente de seguridad militar reúna los méritos para ser investigado por medio de los PEOI establecidos en la citada ley; si un especialista en inteligencia de las FF.AA. así lo indica, o es un incompetente o bien, simplemente está mintiendo.

Para llegar a la instancia de solicitar las medidas intrusivas indicadas, el servicio de inteligencia respectivo debería contar con los elementos de juicio suficientes para tener un grado aceptable de convicción, que indique que lo que se investiga no solo afecta la seguridad nacional o de la defensa sino que además ellas son efectivamente ejecutadas o patrocinadas por los grupos considerados en la Ley; es decir, servicios de inteligencia extranjeros, terroristas, narcotraficantes o crimen organizado; debiéndose convencer el ministro, de la potencial manifestación de ambas situaciones para que autorice las medidas intrusivas del Título V de la Ley.

Finalmente, hay que tener claro que los PEOI no pueden ser solicitados por los Servicios de Inteligencia “por si acaso”, es eso lo que deben entender los ministros para autorizarlas en un caso, o darles apoyo político, en otro.

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